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/Ellitoral.com.ar/ Policiales

Lavado de dinero y coimas: agravaron la situación de funcionarios y empresarios

Se ratificaron condenas y se anularon absoluciones en una mega causa.

Los tribunales federales de Comodoro Py agravaron este jueves las condenas dictadas en 2022 contra un grupo de empresarios y funcionarios de Corrientes en una mega causa por lavado de dinero de origen ilícito y de coimas, informaron fuentes judiciales.

A través de un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky y Daniel Petrone, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas de los empresarios de Paso de los Libres Héctor Sebastián Gavarone (5 años de prisión), Leonel Elías Zappa (3 años), Héctor Rodrigo Marsilli (5 años), Pablo Martín Marsilli (5 años y 4 meses) David Osmar Loza (3 años), Fernando Daniel Marticorena (3 años) con lo cual se ratificaron así las condenas por lavado de activos de origen ilícito, cometido con habitualidad y en asociación. 

También sufrieron un revés en Casación las estrategias de defensa de los funcionarios de Aduana Carolina Alejandra Vesga Gómez (5 años de prisión), Horacio José Velozo (5 años), José Ángel Longhi (5 años), María Claudia Gatti y Lucía Pompeya Fernández (ambas a 4 años de prisión), tras ser condenados como culpables del delito de cohecho pasivo con contrabando agravado, por lo cual también fueron sentenciados a inhabilitación especial perpetua.

Pero además, la Sala 3, anuló las absoluciones de los empresarios Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre, María Clelia Ramona Espada, así como de los aduaneros Jorge Luis Niveyro y Miguel Horacio Banda, y la pasera Raquelina Liliana Núñez. Todos deberán ser condenados ahora por el tribunal de origen, en Corrientes.

Por otra parte, sí resultó beneficiado con la anulación de su condena el empresario Eduardo Matías Bravo -sentenciado a tres años y 6 meses de prisión como partícipe secundario de las maniobras de lavado- y se suspendieron las actuaciones por posible prescripción de la acción penal en orden al delito de tenencia injustificada de arma, tanto para este imputado como para el funcionario de Aduana Carlos Martín Dubra, quien había sido condenado a 5 años y seis meses de prisión por el cobro de coimas provenientes del contrabando.

Las condenas habían sido resueltas por el tribunal de los jueces Víctor Antonio Alonso, Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrigue Jorge Bosch a partir de los planteos formulados por el fiscal de juicio Carlos Schaefer, sobre la base de una investigación seguida en primera instancia por la jueza Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Fabián Martínez, de Paso de los Libres.

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