Marcha Federal Universitaria: cinco claves para entender el conflicto

Este martes la Marcha Federal Universitaria movilizará a estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en rechazo al ajuste del presupuesto de las universidades públicas en todo el país.

El principal reclamo de quienes participarán en todo el país es a favor del financiamiento educativo, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de Acij.

Sin embargo, el conflicto también se enmarca en la campaña gubernamental de desprestigio del sistema universitario, centrada en acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia en el uso de los fondos.

Habrá movilizaciones desde  San Salvador de Jujuy hasta Ushuaia, incluyendo las principales ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Salta, Corrientes, Resistencia y Posadas, entre otras.

1. Apoyos y respuestas

Las 57 universidades nacionales suman 2.065.115 estudiantes y 216.279 empleados –entre docentes universitarios y preuniversitarios, autoridades y personal no docente–, según los últimos datos oficiales, de 2022. Apenas el 15% de los docentes tiene dedicación exclusiva.

La convocatoria a la marcha incluye, entre las propuestas, no exhibir consignas partidarias sino solo banderas argentinas. En las redes también circuló la idea de que cada persona lleve un libro.

2. Cruces por los gastos de funcionamiento

El Ministerio de Capital Humano, del que dependen las universidades nacionales, había comunicado el jueves pasado a última hora una “propuesta consensuada” con las universidades, pero desde las casas de estudio desmintieron haber llegado a un acuerdo. La semana pasada el Gobierno ofreció un aumento del 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios. Esos fondos se depositaron el lunes, según informó el Ministerio.

Sin embargo, desde las universidades respondieron que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada desde el año pasado –que calculan en torno a 280%– y sostuvieron la medida de fuerza. Argumentan, además, que los aumentos fueron solo sobre los gastos de funcionamiento, que representan alrededor de un 10% del presupuesto universitario total.

3. Salarios en baja y un conflicto anunciado

La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del Frente Sindical de Universidades (FSU), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril, en la misma semana en que se conocieron elevados aumentos de sueldo con fondos públicos para funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores. Desde Conadu, uno de los gremios que forma parte del FSU, señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.

El conflicto universitario se venía anunciando desde hace al menos dos meses: ya en febrero los rectores congregados en el CIN habían advertido que estaba en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos. 

4. Acusaciones de adoctrinamiento y opacidad

En las últimas semanas, desde el Gobierno nacional insistieron con las auditorías a las universidades nacionales y algunos funcionarios incluso atribuyeron la movilización del martes a la resistencia de las universidades a “perder sus privilegios”. Desde el CIN respondieron que las instituciones son fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

También rechazaron, en una conferencia de prensa el lunes junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), las reiteradas acusaciones de “adoctrinamiento” que vienen formulando algunos funcionarios, desde el presidente Milei hasta el subsecretario de Políticas Universitarias. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, consideró que el Gobierno convirtió la cuestión del presupuesto universitario en una “batalla cultural” y busca “mostrar a las universidades como centros de corrupción”.

5. La cuestión del “congelamiento”

El lunes, al comunicar que había transferido los fondos correspondientes a las universidades, el Ministerio de Capital Humano planteó que la actualización de las partidas –tras la inflación récord acumulada desde 2023– puso fin a “la política de congelamiento presupuestario del gobierno anterior”.

Desde el Gobierno ya habían planteado que los gastos de funcionamiento de las universidades habían estado congelados en 2023 sin que las universidades se quejaran. Sin embargo, autoridades de distintas universidades aseguraron a Infobae que esa versión es incorrecta.

*Con información de Infobae