El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, es desde la primera hora parte del elenco estable del kirchnerismo. Fue diputado nacional entre 2005 y 2013 y entre 2017 y 2019. Tiene la particularidad de haber estrechado su relación con el presidente Alberto Fernández desde que la vicepresidenta inclinó la balanza, en la compulsa por la gobernación de Santa Fe, en favor de Omar Perotti y no de él en 2019.
Cada vez que las circunstancias se lo permiten, el sucesor de Juan Manzur -ahora reimplantado en el gobierno tucumano- rinde pleitesía a la vicepresidenta. Sigue el molde político de su jefe. No ha extrañado, por lo tanto, que cuando compareció días atrás en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, haya atacado al campo en absurdos términos. Acusó al sector de haber iniciado un período de violencia política en el país a raíz de las movilizaciones producidas en 2008 contra la siniestra resolución 125, con temerarias afirmaciones que desvían la atención de la verdad histórica y realimentan una grieta que solo busca encubrir la inoperancia del Gobierno.
Para quienes no lo recuerden en detalle, esa norma, referida a retenciones móviles sobre la soja, establecía que, llegado a un cierto punto de las cotizaciones internacionales, el Estado argentino se quedaba con el 96% de la renta de los productores. En 2008, el señor Rossi presidía el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria. La mayoría adicta al kirchnerismo hizo pasar en Diputados aquella resolución confiscatoria, respaldada en el número abrumador del bloque que Rossi presidía. Sin embargo, el contagio en la opinión pública de las fuertes protestas realizadas por las entidades agropecuarias llevó a que varios senadores pro gubernamentales opusieran su voto contra la medida en debate, sumándolos a los de la oposición. Se produjo así un empate que el entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, históricamente quebró precediendo su decisión con el electrizante anticipo, cuando alboreaba el 17 de julio de 2008, de que no votaría en favor de la norma en cuestión.
El campo no había hecho sino uso del derecho constitucional a manifestarse públicamente. Su actitud fue una gota en el océano de la política argentina cuando se piensa en los miles de cortes de calles, avenidas y rutas que desde hace muchos años producen, a diario, los movimientos piqueteros apañados en tantos casos por el kirchnerismo. La expresión de protesta social y gremial de los productores había sido también bastante modesta al lado de los trece paros generales dispuestos durante la presidencia de Raúl Alfonsín por la Confederación General del Trabajo, liderada en aquella época por el sindicalista cervecero Saúl Ubaldini.
El oficialismo ha hostigado al campo con regulaciones de toda índole, la estatización completa del comercio exterior y el congelamiento de los arrendamientos en términos sin duda parecidos a los que han sufrido con el kirchnerismo los precios del agua, del gas y de la energía.
En la versión agravada, tan crudamente a la vista, los resultados de pobreza, paralización y crisis económica y financiera, muestran cómo puede ser arrastrado hacia el abismo un país que estuvo entre los más desarrollados del orbe.
La falsa y maliciosa imputación de Rossi contra el campo se halla en relación directa con las razones que asisten a las entidades agropecuarias a protestar hoy como lo hacen contra la política oficial. Aun con “el dólar Massa o dólar soja”, que habilite por un corto período el valor de 300 pesos por dólar para la soja, significa apenas un salto del 36% al 48% de lo que se paga en el mundo por ese valioso commodity, mucho más que el “yuyito” descalificado en su ignorancia por Cristina Kirchner.
No hay un sector más expoliado que el campo por los gobiernos populistas.
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