¿Qué hacer con el sistema previsional?

Por Gustavo Zorzoli*

Publicado en Clarín 

En las últimas semanas el tema previsional ha recibido mucha atención pública, en buena parte por la sanción del “Plan de pago de deuda previsional” (la nueva moratoria) y por las medidas financieras tomadas por el Gobierno Nacional que impactan sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses.

Un análisis rápido de ambas medidas indica que seguramente tendrán poco impacto, la primera porque se trata de un nuevo parche de dos años de duración y que difícilmente alcance a un número importante de beneficiarios y la segunda porque, aun teniendo serios problemas en cuanto a sus efectos sobre la deuda pública, no tiene una relación directa con los haberes previsionales actuales o futuros, que se determinan y financian sin considerar la evolución del FGS.

En cambio, parecería que algunos de los desafíos más importantes que afectan al sistema no logran la suficiente tracción en el debate público.

Temas como la existencia de fuertes inequidades, problemas de sostenibilidad e ineficiencias dificultan alcanzar el objetivo central de la política previsional: ofrecer protección económica efectiva a la población que se retira del mercado de trabajo en forma sostenible fiscal y económicamente. Por eso, las causas de estos problemas deberían ser discutidas y modificadas con urgencia.

Las principales inequidades del sistema se originan en el requisito de treinta años de aportes para acceder a una jubilación ordinaria y en la proliferación de regímenes de excepción. Por el mínimo de años de aportes menos de un 25% de la población cumple con los requisitos al momento de alcanzar la edad jubilatoria, lo que deriva en medidas de “emergencia” como las moratorias, que venimos aprobando desde hace casi 20 años.

La introducción de la Pensión Universal para el Adulto Mayor fue un avance muy importante para revertir este problema, pero no lo eliminó completamente. Lamentablemente, en lugar de corregir los problemas pendientes, el gobierno actual optó por promover una nueva moratoria, agregando otro parche temporal al sistema.

Respecto de los regímenes de excepción, existen esquemas que, con mejor o peor justificación, ofrecen beneficios en condiciones mejores a las del régimen general, sea por edad de retiro, años de aportes, haber inicial o la movilidad. El problema, además, es que estas excepciones son muy poco excepcionales: hay más de 200 regímenes que explican cerca del 40% de los beneficios y un 55% del gasto previsional total del país.

A estos problemas estructurales se agregan otros que contribuyen al desorden y las inequidades. Por ejemplo, la regla de movilidad de los beneficios aprobada en 2020 es compleja, poco transparente y no cumple su objetivo primordial, preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones y darle previsibilidad al sistema. En cambio es responsable de una caída en el valor real de las jubilaciones de más del 20% desde diciembre de 2019 para buena parte de los beneficiarios.

La sostenibilidad es también un problema crítico: nuestro país destina más de un 10% de su PBI a financiar prestaciones previsionales, mucho más que el promedio de América Latina e incluso que el de muchos países más desarrollados y envejecidos.

El sistema es caro porque es ineficiente: hay muchos beneficiarios jóvenes; personas que cobran más que un beneficio y las excepciones generan mucho gasto adicional. Para dar una idea de la magnitud del problema: si la totalidad del gasto previsional argentino se distribuyese en forma igualitaria entre toda la población mayor de 65 años, el beneficio mensual promedio sería de un 40% superior al haber actual de quienes se jubilaron sin moratoria (en valores de marzo de 2022, unos $ 190.000 mensuales).

Mientras, los recursos destinados a nuestros niños y niñas nunca son suficientes, ni aquellos que se distribuyen en forma de transferencias directas (como las asignaciones familiares y la AUH) ni los que implican una inversión en el futuro (como el gasto en educación).

Desde hace décadas venimos evitando discutir estos temas de fondo, llamando “reforma previsional” a discusiones menores como la movilidad (¡algo que casi no se discute en el resto del mundo!) o a la implementación de reglas excepcionales por períodos limitados.

Necesitamos abrir un diálogo franco y sin chicanas sobre como rediseñar nuestra política previsional, respetando derechos adquiridos de quienes ya se han retirado pero cuestionando los intereses que impiden avanzar en una reforma de fondo, que genere propuestas creíbles y sostenibles para las próximas décadas.

La política previsional es la más importante en términos fiscales y tiene impactos macroeconómicos, sociales y sobre las perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo. Por eso, aunque se trate sin duda de debates difíciles, son imprescindibles si queremos salir del estancamiento económico que venimos sufriendo en las últimas décadas.

 *Economista y demógrafo, experto en temas previsionales.